La vicepresidenta de Venezuela anunció que a partir de noviembre los pasaportes o la solicitud de las prórrogas a este documento se pagarán con la criptomoneda petro, un activo sancionado por EEUU y declarado ilegal por el Parlamento venezolano.
«A partir del 1 de noviembre la emisión de un nuevo pasaporte tendrá un costo de 2 petros (7.200 bolívares) y la prorroga tendrá un costo de 1 petro (3.600 bolívares, 58 dólares)», dijo la funcionaria en declaraciones al canal estatal VTV.
Señaló que estos cobros se insertan en el «nuevo programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad» que ejecuta el Gobierno Nacional «con el impulso y el arranque» del «petro como criptomoneda venezolana.
«Tal y como lo instruyó el presidente de la República (…) todos los servicios tendrán que cobrarse en petros, así que vamos a una nueva arquitectura, vamos a un nuevo funcionamiento de la economía» reiteró la vicepresidenta.
El Presidente lanzó el petro a finales del año pasado y dijo que está respaldado por el crudo de un bloque de la rica Faja Petrolífera del Orinoco, para «avanzar hacia nuevas formas de financiamiento» y «vencer» el bloqueo económico internacional.
A principios de este año, el Parlamento, de mayoría opositora, declaró que las acciones que involucraban el uso del petro eran «ilegales» y «nulas» y alertó a los potenciales inversionistas y actores del mercado de las criptomonedas sobre la inconstitucionalidad de su emisión.
Hace dos días el presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara aseguró que el petro podría «servir» a quienes pretenden «legitimar capitales de dudosa procedencia».
Sin embargo, el diputado opositor señaló que el Parlamento no tiene registros de que haya operaciones con petros pese a que Maduro ha anunciado compras de hasta 200 millones de dólares con esta moneda digital.
Asimismo, indicó que el petro es entendido en los mercados «como un financiamiento» y no como un criptoactivo.
«Es decir, una emisión de una obligación por parte del Estado, con garantías, en este caso las reservas de petróleo», agregó, y aseveró que su compra es «irrealizable porque no se establece cómo uno va a liquidar esta obligación en caso de una cesación de pagos».
Por su parte, el Gobierno de Donald Trump prohibió mediante una orden ejecutiva «todas las transacciones» vinculadas al sistema financiero estadounidense «con cualquier moneda digital que haya sido emitida por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018».
