Persecuciones judiciales y cierre de fuentes oficiales afectan a los medios
El informe sobre Venezuela que se presentó ante la 67 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reunida hasta mañana en Lima, Perú, da cuenta de una nueva amenaza que se cierne contra la libertad de expresión en el país: el ataque de los denominados «hackers».
«La red social se ha convertido en un nuevo escenario para el cruce de acusaciones y reproches y de hasta una incipiente actividad de ‘hackers’ defensores del Gobierno», reflejan en el documento.
Allí destacan que «piratas informáticos intervinieron una decena de cuentas de Twitter y correos electrónicos de opositores venezolanos». En el informe recogen que, al menos, dos de los afectados, el escritor Leonardo Padrón y la periodista Berenice Gómez, denunciaron sus casos ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; «pero hasta ahora no han recibido ningún tipo de respuesta».
Violencia al acecho
«La inseguridad maneja números que asombran, una verdad que no es fácil descubrir debido a que a altos jefes policiales y a comisarios se les prohibió declarar a la prensa sobre el tema hace siete años», subrayan en el documento entregado a la SIP, donde recuerdan el asesinato del periodista Wilfred Ojeda en el estado Aragua.
Las dificultades para obtener información oficial también fueron denunciadas ante el ente que agrupa a los editores del hemisferio. «Algunos medios independientes siguen sin acceso a fuentes claves, son fallidos los intentos por conocer la realidad que se vive, se le niegan y se le ocultan datos reveladores», enfatizan.
La lista de obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión incluye los «mecanismos de censura indirecta», que pasan por el uso de la publicidad oficial para «castigar y premiar» a los medios, la apertura de «procesos intimidatorios» y la adquisición de «medios con capitales afectos al Gobierno» de Hugo Chávez, situación que ha descrito el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
Sobre este último particular, mencionaron el caso de la televisora zuliana Zuvisión. «Lo más preocupante -ha manifestado IPYS- es que este espacio fue adquirido por grupos afectos al Gobierno, que ya también habían comprado la mayoría accionaria de Tele N».
Para demostrar cómo el Poder Ejecutivo utiliza los tribunales para silenciar la disidencia, en el informen exponen la persecución contra el semanario Sexto Poder y los periodistas Rafael y Patricia Poleo, los siete procesos judiciales que pesan sobre Globovisión y la investigación contra su presidente, Guillermo Zuloaga, así como la prohibición impuesta al diario El Nacional de publicar imágenes violentas.
«También el director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, espera por las sanciones judiciales y aplicación de la Ley Resorte contra el programa La Hojilla y su conductor, por indecente y atentar contra el oficio de informar», acotan.
La proliferación de emisoras ilegales, que según la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión suman más de mil, también aparece en el informe de la SIP. Además, lamentan que aún el Estado no haya permitido la visita de la CIDH y critican el «incremento en el patrón de la censura y violaciones a la libertad de expresión».
El editor zuliano Gilberto Urdaneta, quien leyó el informe, afirmó que en Venezuela «la vida no vale nada y el crimen goza de impunidad».
Editores de la región coincidieron en que la libertad de expresión e información en Latinoamérica está siendo amenazada. Según estadísticas de la SIP, 21 periodistas han sido asesinados desde abril en Honduras, México, Brasil, Perú, República Dominicana, Colombia, El Salvador y Guatemala.
La Asamblea será inaugurada hoy oficialmente y contará con la presencia del presidente peruano Ollanta Humala.
Fuente: El Universal
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