La Comisión Europea ha presentado una propuesta para la aprobación del polémico tratado ACTA; un acuerdo comercial para combatir la falsificación que facilita el filtrado de contenidos y a la fórmula de la respuesta graduada (avisos cuando se descargue obras protegidas y sanción si no desiste). También se prevén sanciones penales en caso de desbloqueo de programas de gestión de derechos de autor DRM, embebidos en las copias digitales de las obras.
Se trata de una propuesta para crear un ámbito legal internacional al que podrá adherirse voluntariamente cualquier país, creando un marco estándar de aplicación de la Propiedad Intelectual más allá del existente actualmente.
Los negociadores iniciales de este tratado son EEUU, Suiza, Japón y la Unión Europea, a los que se han ido adhiriendo otros países, como Corea, Marruecos o México; siendo el objetivo último que los mayores países emergentes como China, Rusia o Brasil, donde la aplicación de los derechos de autor podría ser mejorada, se unan igualmente.
Su ámbito de aplicación es amplio, incluyendo tanto la falsificación de bienes físicos como la distribución en Internet y las tecnologías de la información, y tiene su base en el perjuicio que se hace al comercio legítimo y la competitividad de la violación de los derechos de autor, que puedan ir en contra del crecimiento y el empleo.
Entre las polémicas que envolvían este tratado estaba la falta de información que se proveía al Parlamento Europeo por parte de las demás potencias que intervienen en las negociaciones, especialmente EEUU, Japón, Corea del Sur, Australia, Suiza y México, dejando en ocasiones a la Unión Europea de lado. Por otra parte, desde las grandes empresas y operadoras de telecomunicaciones no se dejan de escuchar críticas a varios aspectos referentes al mismo.
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