Esencialmente, los gobiernos están preocupados porque muchas de estas empresas no están protegidas suficientemente contra la piratería, pero al exigirle demostrar el alcance de esa protección, algunas de ellas se mostraron recelosas, argumentando
La guerra informática sigue vigente ante los embates de piratas que penetran fácilmente a sistemas de entes oficiales y empresas privadas dedicadas a servicios vitales.La creciente piratería en el campo de la informática está generando un fuerte debate sobre las maneras en que tanto los gobiernos como las empresas pueden protegerse adecuadamente de los ingeniosos “hackers”, los cuales parecen estar ganando la batalla en la últimas semanas esgrimiendo –curiosamente- la bandera de la “libertad de expresión”.
Este conflicto se ha agravado especialmente después de los golpes asestados contra empresas que se denominan “casilleros de archivos” y que en realidad los alquilaban o vendían a clientes materiales protegidos por derechos de autor.
Las enérgicas medidas judiciales se presentaron justamente después de que ha sido paralizada en el Congreso de EEUU la aprobación de dos leyes, conocidas como P.I.P.A. y S.O.P.A. por sus iniciales, que trataban de combatir la piratería estableciendo fuertes sanciones.
En retaliación a esas medidas, grupos de hackers como Anonymous realizaron actos de piratería que llegaron centro neurálgicos de ministerios claves del gobierno de EEUU y de grandes empresas industriales, penetrando audazmente sus sistemas de seguridad y paralizando su funcionamiento por un tiempo, hasta que sus expertos antipiratería lograran restablecer su operatividad.
Los temores se centraron en las posibles consecuencias de la paralización de servicios esenciales como electricidad, agua, telefonía y, últimamente, Internet, muchos de ellos manejados por empresas privadas en Occidente, donde impera la iniciativa privada.
Amenaza contra servicios vitales
Esencialmente, los gobiernos están preocupados porque muchas de estas empresas no están protegidas suficientemente contra la piratería, pero al exigirle demostrar el alcance de esa protección, algunas de ellas se mostraron recelosas, argumentando la confidencialidad de sus medidas.
En particular, las empresas de Internet están reacias a divulgar las intimidades de sus sistemas, refugiándose en preceptos constitucionales que protegen las sacrosantas “libertades civiles”, una táctica utilizada en exceso por el poderoso “lobby de Internet”. La discusión se hace más delicada en un año electoral, donde los intereses contrapuestos son más sensibles por obvias razones.
De hecho, esta hace unos días se introdujo en el Senado una ley que reemplaza la S.O.P.A. y aspira a concederle al Departamento de Seguridad Interna (ente formado después del 11-S de 2001) facultades para obtener información de sus sistemas de seguridad –so pena de sanciones- de parte de empresas privadas relacionadas con servicios básicos, con el argumento de que las fallas potenciales en los mismos “amenazan la seguridad nacional” al paralizar la vida de la nación o poner en riesgo la vida de personas.
Esto es particularmente aplicable a las plantas de energía nuclear, cuya operación errática puede causar una crisis de contaminación radioactiva, como ha sucedido hace poco en Japón tras el desastre de Fukushima.
La delicada vulnerabilidad de los gobiernos
El problema es aún más grave cuando los hackers entran en sistemas de entes relacionados con la criminalidad, la seguridad y el espionaje, como la CIA y el FBI, que recientemente recibieron serios –y vergonzosos- golpes de parte de estos piratas de Internet dentro de la actual etapa de la guerra informática.
Igualmente grave es la vulnerabilidad del sistema bancario, que podría paralizar la economía de una nación por su intensa dependencia del Internet, sea por el uso de claves débiles o por la falta de codificación de la data. Y en la industria militar, los hackers podrían entrar en los sistemas para tomar el control de procesos claves, afectando la calidad de los productos y poniendo en peligro a los efectivos en operaciones militares.
De hecho, se rumora que un programa conocido como Stuxnet ha sido usado por EEUU e Israel para penetrar en los sistemas de la industria nuclear iraní, tratando de entorpecerla por la vía informática en lugar de aplicar sanciones o medidas militares. Esto, a pesar que en Irán, como en Rusia, China y EEUU impera cierto grado de censura sobre algunos sitios sensibles, mientras en Cuba y Corea del Norte existe un control total del sistema.
Así, tanto en EEUU como en otras naciones avanzadas, siempre más dependientes de la informática para mantener su liderazgo, se está librando una batalla entre los entes gubernamentales que exigen una adecuada protección contra la piratería, y las empresas que se resisten a divulgar detalles de sus sistemas de protección, apoyadas por ONGs afines a las empresas informáticas que insisten en oponerse a cualquier tipo de censura.
El desenlace de esta ‘guerra informática’ no se verá en breve plazo, dada la complejidad del problema, pero seguramente habrá más escaramuzas en los próximos meses antes de que ambas partes lleguen a una necesaria solución de compromiso con una ley aplicable y moderada.
Fuente: Analítica
