Cuando la diplomacia de Estados Unidos busca ayuda en el exterior para reforzar la ciber-seguridad, se encuentra con fuertes barreras. La vertiente política de la ciber-seguridad se convirtió en un problema.
Mientras que el Departamento de Estado norteamericano mantiene permanentemente en su agenda asuntos como la censura online, la vigilancia y los derechos humanos en Internet se encuentra con regímenes represivos, asuntos fundamentales como libertad de expresión y religión que también están afectados y un buen número de trabas difíciles de sortear.
Así lo reconoció Howard Schmidt, recientemente nombrado coordinador de ciber-seguridad de la Casa Blanca. En una reciente intervención en el congreso anual sobre seguridad y gestión del riesgo de Gartner, Schmidt dijo que buscar la perfección en este asunto puede evitar alcanzar una buena solución.
Schmidt admite que hay “temas en los que creemos de forma absoluta y, en cambio, otros países dicen que mejor no ir tan rápido. Y se trata de asuntos que nos afectan a todas las sociedades”. Así se refirió a asuntos como la libertad de expresión o religión, como asuntos que crean grandes diferencias entre unos países y otros.
De forma práctica, Schmidt se mostró partidario de centrarse en los asuntos en los que puede haber acuerdo y no desperdiciar energía en otras en las que está claro que no está cerca el acuerdo.
En el tiempo que lleva en la Casa Blanca, Schmidt asegura que trabajó mucho en mejorar las relaciones con Rusia, buscando tener un nivel de transparencia y mutua confianza que reduzca el riesgo de ciber-ataques potencialmente desastrosos. “No queremos alentar a corto plazo una ciber-guerra fría”, asegura. “Si no hablamos entre nosotros, siempre hay más posibilidades de que puedan surgir amenazas peores”.
En la lista de principales amenazas a tener en cuenta, el miembro de la Casa Blanca destaca un posible gran ataque contra instalaciones fundamentales, como redes de electricidad, sistemas de agua o redes de telecomunicaciones. De hecho, las autoridades creen posible que se podría reproducir en las redes una escalada de ataques y contra-ataques similar a la que supone una guerra fría convencional.
Ya hay políticas muy avanzadas de defensa frente a este peligro, desde la administración Clinton. En especial los acuerdos de la Convención de Budapest sobre Ciber-crimen que ratificó una docena de países en 2004.
Por tanto, los políticos no parten de cero, aunque hay muchos asuntos que aclarar. Por ejemplo, la atribución de delitos, algo muy difícil de determinar en un ataque en Internet, sobre todo porque ya se demostró que “algunos de ellos están apoyados por un Estado, o en un colectivo, como Anonymous (Anonymous) en el que hay muy distintas identidades, de gente de muy diversa condición”, explica.
En el mercado doméstico, Schmidt destaca la necesidad de impulsar en el Congreso una legislación sobre ciber-seguridad que aumente las penas para este tipo de delitos y crear programas de educación sobre ciber-seguridad.
Fuente: PC World
