Aunque parezca ciencia ficción, los ataques a la información y a la identidad digital provienen en gran medida de una nueva generación de crimen organizado. Según la estadounidense Finjan, las celdas de atacantes están conformadas por aproximadamente 10 personas: el jefe, el segundo en comando, gerentes de campaña, revendedores y mulas. Ahora bien, si se tiene noción del grado de delincuencia que rodea el ámbito de la seguridad de información, ¿por qué no se hace nada? La respuesta a la interrogante es sencilla: “para condenarlos legalmente se requiere de mucho tiempo y dinero”, agrega Storey.
En Venezuela, por ejemplo, abundan los delitos de cuello blanco, cuyo ejecutante posee preparación profesional o empírica; producen grandes daños económicos, favorecen la impunidad y suelen ser acciones ocupacionales.
La ignorancia es factor clave en cuanto a delito informático se refiere, pues los desarrolladores desconocen en qué punto su trabajo deja de ser legal, para convertirse en un crimen. Una solución que pudieran aplicar las empresas es buscar asesoría legal que les permita generar una gestión donde se estudien riesgos y soluciones.
Hildamar Fernández, abogada penalista de la Superintendencia de Certificaciones Electrónicas, comenta que los delitos electrónicos van más allá del robo de una identidad, “en Venezuela y el mundo, es imperativo preocuparse, pues los delincuentes hacen uso de las tecnologías para llevar a cabo secuestros, pornografía infantil y fraude.
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